En 2017, el presidente de la comunidad indígena williche Natri Bajo de la comuna de Quellón, denunció que después de las 23:00 horas durante los fines de semana, camiones ingresaban a predios sobre los que la comunidad tendría derechos ancestrales, retirando madera.
Esta denuncia develó una de las sanciones más grandes que han habido por tala ilegal en el país: se calcula que durante 2017 y 2018, miembros de otra comunidad indígena talaron mil hectáreas. 300 de ellas provenientes de un bosque afectado por un incendio, y otras 700 de bosque nativo adulto.
La tala se realizó en un predio perteneciente a la empresa forestal Golden Spring, que había sido abandonado en los 90 y que la empresa permitía a la comunidad ocupar pacíficamente mientras se concretaba la venta de terreno ante la Conadi.
El juzgado de policía local de Castro condenó de forma solidaria a la empresa forestal y a la comunidad indígena Coihuín de Compu a pagar una multa de casi $23 mil millones y a reforestar una superficie igual a la talada con las mismas especies. Para esto, deberán presentar un plan de manejo en 30 días desde conocida la sanción.
Zona donde ocurría la tala ilegal en Quellón, Chiloé. Foto: Organizaciones ambientales de Chiloé.
Desde la comunidad indígena que talaba el predio, aseguran que habían acordado de palabra con la empresa forestal la tala de bosque nativo, y que esta se hacía de forma ordenada. Desde la empresa sostienen que solo habían permitido la ocupación pacífica del terreno, pero no la faena forestal que se llevaba a cabo.
La madera del predio era trasladada a aserraderos y vendida al borde de la carretera o en la ciudad de Quellón, como leña.
Impacto de la tala ilegal
La tala ilegal afectó una zona de bosque adulto antes no intervenida, con especies nativas como Canelo, Coihue, Tepu, Mañío o Luma. Según fiscalizadores de Conaf, esta actividad se realizó “sin criterio de sustentabilidad”, extrayendo ejemplares de calidad y dejando las especies sin valor comercial.
También declaran un daño indirecto a los cursos de agua de la zona, ya que “al intervenir drásticamente el ecosistema” se daña la capacidad del bosque para retener el agua de la lluvia, generando un mayor flujo en invierno que erosiona el suelo, y una disminución del agua en verano, “lo que genera muerte de vegetación y menos disponibilidad de agua para consumo humano y animal”.
Además, en el lugar se encontró una “extensa red caminera realizada con maquinaria pesada, sobre todo retroexcavadoras, con las que se despejaron fajas de entre 6 y 8 metros de ancho”, que también provocaron deforestación para la circulación de camiones.
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