La reciente muerte de un buzo de la empresa Premar, quien realizaba labores de mantenimiento en una cámara de la planta desalinizadora de Mejillones, reveló una cadena de irregularidades en varias empresas involucradas en la construcción y operación de esta infraestructura, la cual abastece a la concentradora de cobre Spence, un proyecto de la multinacional BHP Billiton. Así lo informó El Mostrador, que tuvo acceso a detalles de la investigación. La planta desalinizadora, instalada por el Grupo Cobra, consorcio español encargado de la construcción y operación de redes de agua y electricidad, fue creada para abastecer en su totalidad la mina Spence, propiedad de BHP, con una inversión de US$ 2.460 millones. Inaugurada en mayo de 2022. Spence busca duplicar la extracción de cobre en la región durante los próximos 50 años, según el subsecretario de Minería, Willy Kracht, quien en su inauguración destacó el compromiso de la empresa con un desarrollo armonioso con el entorno. No obstante, tras el fatal accidente del trabajador de Premar en noviembre de 2021, la empresa contratista interpuso una demanda en el Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones, revelando que la planta fue construida sin permisos de edificación, en un terreno que no era de su propiedad y en contra de lo establecido por el Plan Regulador Comunal. Premar acusa a las empresas Cobra Montajes, Servicios y Agua Limitada, Caitan SpA y Compañía Minera Spence S.A. de haber mantenido en funcionamiento las bombas de impulsión de agua durante las tareas de mantenimiento, exponiendo al trabajador a un peligro evitable. La Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, Angelique Araya, confirmó la ocupación ilegal de un terreno fiscal en Mejillones por parte de la empresa Caitan, responsable de la operación de una planta desalinizadora que abastece de agua industrial a la mina Spence, propiedad de BHP Billiton. Según una ficha de fiscalización emitida por la autoridad regional, Caitan tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar la situación del inmueble, ubicado al noroeste de la comuna de Mejillones. Según la demanda, las empresas codemandadas no tomaron las medidas necesarias para eliminar el riesgo de desbordamiento de agua y espuma, aumentando la inseguridad en la zona donde operaba el buzo. John Bey, dueño de Premar, afirmó a El Mostrador que «el accidente pudo haberse evitado si se hubieran detenido las operaciones», y acusó a las empresas de priorizar la productividad sobre la seguridad. El caso también expuso irregularidades urbanísticas y de ocupación de terrenos. La Dirección de Obras Municipales de Mejillones confirmó que la planta desalinizadora carecía de permisos de edificación y no cumplía con los requisitos de zonificación. Además, la planta ocupa ilegalmente terreno fiscal, lo cual fue constatado por la Seremi de Bienes Nacionales, que solicitó la regularización de la ocupación. La Fundación Defendamos la Ciudad, a través de su presidente, Patricio Herman, calificó el caso como «un verdadero escándalo» e instó a BHP a actuar con transparencia y respetar las normativas locales. En tanto, la empresa Caitan fue citada por la Municipalidad de Mejillones al Primer Juzgado de Policía Local, enfrentando una multa de $5.166.915. Premar solicitó a la Superintendencia del Medio Ambiente que realice una fiscalización de la planta desalinizadora. Sin embargo, a la fecha, el organismo no ha realizado la inspección solicitada, lo que deja en el aire la posible sanción a las empresas involucradas. BHP, por su parte, señaló que la planta no es de su propiedad y está operada por terceros, y que Spence/BHP no tiene injerencia en su operación.
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