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Gobierno abre salares protegidos a explotación

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La Estrategia Nacional del Litio contempla aumentar la producción nacional de litio y explotar más salares por parte de empresas del Estado y privadas. Se han asignado 7 salares de mayor potencial productivo, denominados Estratégicos, a empresas del Estado: los salares de Atacama, Maricunga y Pedernales a Codelco, y Grande, Infieles, La Isla y Aguilar a Enami.

El gobierno anunció también la creación de una Red de Salares Protegidos, que involucra 27 salares adicionales a los actualmente protegidos. Asimismo, se abrió la explotación de otros 26 salares exclusivamente a empresas privadas. La lista específica de salares abiertos no se hizo pública, pero se excluyeron los salares definidos como Estratégicos, los que son Áreas Protegidas y los que forman parte de la Red de Salares Protegidos.

El pasado 9 de julio se dieron a conocer los resultados, y según información oficial, el gobierno recibió 88 propuestas de 54 empresas de 10 países, evidenciando un gran interés de los privados por invertir en el litio chileno. Las empresas privadas manifestaron interés por 16 salares o lagunas salinas catastradas por Sernageomin y otros 20 yacimientos. A fines de agosto se anunciará la asignación de algunos de estos salares a las empresas privadas. En casos de afectación directa, se iniciarán consultas indígenas.

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En resumen, actualmente están abiertos a explotación un total de 23 salares: 7 salares Estratégicos y 16 salares abiertos a privados. Sin embargo, en este proceso, no se ha destacado suficientemente que dentro de los 23 salares abiertos a explotación, hay 8 que están bajo alguna categoría de protección según la Ley 21.600: Atacama, Maricunga, Pedernales, Surire, Bellavista Pintados, Llamara, Ascotán y Punta Negra.

La Estrategia Nacional del Litio ha permitido la explotación de salares que están protegidos como Parque Nacional, Reserva Nacional, Monumento Natural, Sitio Ramsar y Sitio Prioritario, todos protegidos por la Ley de Biodiversidad 21.600. Esta ley no permite la explotación industrial en Parques Nacionales y Monumentos Naturales y solo permite un uso sustentable, no industrial, en Reservas Nacionales.

Además, la Ley 21.600 establece que los Humedales de Importancia Internacional o Sitios Ramsar y los Santuarios de la Naturaleza deben ser reclasificados a alguna de las seis categorías de áreas protegidas en un plazo de cinco años desde la entrada en funcionamiento del Servicio de Biodiversidad. Mientras tanto, estos sitios están protegidos por la Ley de Biodiversidad.

En cuanto a los salares y otros Sitios Prioritarios establecidos antes de la Ley 21.600, estos deben ser evaluados y reconocidos mediante Decreto Supremo por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en un periodo de dos años (2024 y 2025). Durante este periodo, mantienen su protección legal vigente, y cualquier intervención debe pasar por un Estudio de Impacto Ambiental.

La Ley 21.600 también establece protección adicional a los sitios prioritarios, como ser objeto de instrumentos de conservación de biodiversidad, regular la alteración de los humedales y restricciones de uso, como no afectar fauna nativa ni destruir vegetación.

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Resulta preocupante que se hayan abierto salares a explotación que son sitios prioritarios antes de concluir su proceso de evaluación, lo que coloca un sesgo y genera presión estatal para desafectarlos y desprotegerlos. Estos sitios deben mantener su protección oficial hasta que concluya el proceso.

También es preocupante que la Estrategia Nacional del Litio haya abierto a explotación salares que están protegidos de forma parcial, ya que explotar una parte necesariamente afecta a todo el salar y su biodiversidad. Un caso evidente es el Salar de Atacama, cuya explotación ha tenido efectos en todo el salar.

Hacemos un llamado al gobierno a respetar las leyes nacionales vigentes y no intervenir salares protegidos por ley, donde evidentemente está primando el criterio económico sobre el ambiental. Es necesario aumentar la superficie de salares protegidos, ya que son ecosistemas únicos, frágiles y poco estudiados. Las decisiones sobre los salares deben considerar la opinión de las regiones. El salar Laguna Verde en Atacama, abierto a explotación, es un destino turístico importante para la región. La minería no ha estado a la altura para proteger estos ecosistemas, y varios ya tienen daño irreparable.

Proponemos una Ley de Protección de Salares, que subsane la desprotección histórica de estos ecosistemas valiosos, norme su protección y restauración, regule su explotación y reconozca la salmuera como recurso hídrico. Esta ley debe incluir procesos de consulta a los distintos actores regionales y normar sobre las tecnologías de explotación.

Las numerosas demandas del Consejo de Defensa del Estado, de la Superintendencia del Medio Ambiente y de las comunidades por extracción de agua y daño irreversible a estos ecosistemas, requieren una regulación y protección más profunda de los salares como ecosistemas, no solo como minas.

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REVISA LA LISTA DE LOS SALARES PROTEGIDOS ABIERTOS A EXPLOTACIÓN  



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