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Fraccionamiento pesquero: génesis y fundamentos de un proyecto que alerta
El Ejecutivo puso suma urgencia al proyecto de ley de fraccionamiento entre los sectores pesqueros artesanal e industrial, norma que es considerada el corazón de la nueva ley de pesca. El trámite hoy se encuentra en su segunda instancia, en el Senado, y se espera que su discusión sea áspera en virtud de las voces de alertas que se han hecho llegar desde el Biobío, principalmente desde el área industrial que alega contra las cuotas fijadas en la Cámara. De mantenerse los porcentajes planteados (ver gráfico), la industria advierte cierre de plantas y pérdida de puestos de trabajo, lo que atentaría contra el desarrollo industrial que por otro lado pretende la Región a través de su plan de fortalecimiento.
En las 13 páginas del texto se redistribuyen 18 recursos pesqueros, ocho de los cuales tienen incidencia esta zona: jurel, anchoveta, sardina común, merluza común, merluza de cola, camarón nylon, jibia y reineta. Desde el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) Biobío explican que hoy el fraccionamiento de las cuotas pesqueras, en términos generales, está establecido como una disposición transitoria en la ley de pesca del año 2012 -la denominada ‘ley Longueira’-, en donde se estipula que la distribución por sectores industrial y artesanal se fija con ciertos márgenes de 2013 a 2032, pudiendo la Subsecretaría de Pesca fijar cuotas globales anuales de captura para cada unidad de pesquerías mediante resoluciones emitidas año a año.
Fundamentaciones del proyecto y posibles correcciones
Como ya se ha planteado, la idea de redistribuir las cuotas surge hoy por el contexto en el que fue generada la ley vigente, ‘sin un reflejo de un real diálogo democrático para designar la distribución de los recursos del mar’, según el seremi de Economía, Javier Sepúlveda. Agrega que la principal desventaja la sufren los pescadores artesanales de la zona norte y que por eso el gobierno decidió replantear la norma por medio de mecanismos transparentes ‘que devuelvan los equilibrios entre ambos sectores’.
El seremi plantea que esta nueva distribución pronta a iniciar discusión en el Senado -a la tarde del viernes, día de cierre de esta edición, la comisión de Pesca aún no ponía en tabla la iniciativa- se fundamenta, principalmente, en la historia de desembarque que ha habido en la última década. ‘Si uno observa el historial de desembarques en la zona norte, por ejemplo, se da cuenta que son las embarcaciones artesanales las que hacen la mayor cantidad de desembarques, y eso pasa porque parte de la cuota que se le asigna a la industria es transferida por ellos mismos a los artesanales, quienes luego se la pasan a la industria para que el recurso sea procesado en las plantas’, explica.
Dicho de otro modo, la autoridad da a entender que los porcentajes propuestos en la norma se otorgan ‘a quien realmente hace el esfuerzo de captura’, de acuerdo a los datos estadísticos de Sernapesca.
Dentro de la Cámara, sin embargo, el proyecto experimentó algunos cambios respecto a lo propuesto inicialmente por el Ejecutivo. El seremi cuenta que lo despachado días atrás dista de la propuesta inicial, ‘que era bien equilibrada para la Región del Biobío y no hacía grandes modificaciones de distribución entre los industriales y artesanales de la Región’. El cambio radical, insiste, iba más enfocado en las regiones del norte, donde se concentraron los casos de corrupción en la ley de 2012.
‘La distribución que se dio es preocupante. En el caso de la merluza común, por ejemplo, actualmente el 40% le corresponde a lo artesanal y el 60% a la industria, pero la propuesta aprobada establece que el 70% quedaría para los artesanales, es decir, la industria del Biobío pasaría de tener un 60% a un 30% del recurso merluza, lo que es preocupante porque significa una amenaza para las plantas de proceso, los empleos y el valor agregado’, puntualiza Sepúlveda, quien confirma que como gobierno no están de acuerdo y que por lo mismo se espera generar una corrección en esta segunda instancia.
El diputado DC Eric Aedo, de hecho, informó la semana pasada que, junto al titular de la cartera económica, Nicolás Grau, se acordó una nueva fragmentación para la merluza común que será repuesta por medio de una indicación sustitutiva, de tal manera de que la industria se quede con el 57% y los artesanales con el 43%. En medio de su visita a Concepción este jueves, Grau indicó que es posible generar una corrección para las regiones de Ñuble y Biobío, pero ‘es algo que hay que conversar’.
Lo inquietante desde lo industrial y artesanal
Las pérdidas anunciadas por la industria se dejarán sentir en cada una de las pesquerías con la caída de puestos de trabajo, según declaran desde Pescadores Industriales del Biobío. La presidenta del gremio, Macarena Cepeda, focaliza en la situación del jurel, donde hoy, prácticamente, nueve de cada diez jureles se utilizan para fabricar alimentos en las plantas de la Región.
‘El nuevo fraccionamiento aprobado en la Comisión de Pesca contradice el esfuerzo de los pescadores industriales del Biobío por aumentar el consumo de jurel, ya que el Gobierno propone trasladar parte de esa cuota industrial (conservas y congelados) al sector artesanal, donde aumentará la producción de harina de pescado en desmedro de los alimentos y el valor agregado’, grafica, al mismo tiempo que advierte que ‘más jurel para harina de pescado no genera más empleo’.
Este impacto negativo se traduce, por ejemplo, en el cierre de la empresa PacificBlu en Biobío, que conlleva el término de funciones de dos plantas y dos barcos, lo que significa más de 800 puestos de trabajo directos. Además, para el caso del jurel, tendrá como consecuencia directa la reducción estimada del 30% del empleo en flota y plantas de proceso, lo que significaría una afectación al trabajo de 750 familias que dependen en forma directa de esta pesquería, según describe Cepeda.
La realidad artesanal de la zona, en tanto, la componen 22.331 pescadores, los que representan el 21% del total nacional. Hay, además, 3.347 naves, la gran mayoría botes a motor (2.104), a quienes les siguen lanchas menores (415), botes a remo (351), lanchas mayores (301) y lanchas medias (176).
Ana María Fernández, directora regional de Sernapesca, contextualiza las cifras de un sector artesanal que en la zona cuenta con embarcaciones grandes e importante capacidad de bodega, de hasta 80 toneladas. ‘Extraen la pesca y la venden a la industria, la que es poseedora de las plantas de elaboración situadas en Coronel y Talcahuano, y allí se procesa harina y aceite de pescado para exportación y para mercado nacional. Estos productos son altamente demandados por otros sectores productivos’, destaca.
La mirada que hay en este grupo también denota cuestionamientos. Pedro Martínez, presidente de la Asociación Gremial de Armadores Históricos del Biobío, cree que parte del porcentaje que se propone atenta contra la propia historia local. El dirigente explica que todos los años el sector pelágico que representa desembarca cerca del 80% de sardina y anchoveta, algo que podría cambiar drásticamente, por lo que llama a que el fraccionamiento considere la realidad particular de cada región.
Si bien en el caso de la anchoveta y la sardina común la iniciativa deja la cuota artesanal en 90% -un 12% más de lo que tienen en la actualidad-, asegura que el fraccionamiento castigará de manera más dura al Biobío desde el punto de vista de la cesión de pesca que da la industria: ‘Con su 22%, la industria nos apoyaba a nosotros como pelágicos acá en el Biobío. Si tenía 500 toneladas que capturar por cuota, ellos me apoyaban con 500 toneladas más, pero ahora le sacan 12% y lo fraccionarán por macrozona, es decir, ahora no podrá pasar 500 porque el resto se dividirá por todas las otras regiones’.
Aunque reconoce que lo planteado en el proyecto apunta a la pesca de gran volumen, algo que dista del esfuerzo de su gremio, el presidente de la Federación de Pescadores Artesanales del Biobío, Cristian Arancibia, dice que lo que se discute en el Congreso es positivo, en especial por el extractivismo provocado por la industria y la escasez de recursos. ‘La redistribución de la cuota de jurel o merluza en favor de la pesca artesanal podría ayudar a tener un equilibrio en los ecosistemas, pero nos preocupa que hoy se repartan cuotas dejando de lado aspectos que tienen que ver con la pesca ilegal o la crisis climática. La distribución se ve bonita en el papel, pero puede tener resultados que no tengan ningún aspecto positivo en el futuro’, afirma.
