medioambiente
Energía Ciudadana: la pieza clave para la generación del futuro
Mucho se ha discutido sobre incorporar las ERNC en la matriz energética chilena, sin embargo, su implementación ha estado sujeta a iniciativas de grandes empresas con megaproyectos que generan más impactos que beneficios en las localidades, y no ayudan a democratizar la generación de energía. La tendencia más revolucionaria y competente de esta última década, es la figura de las Comunidades Energéticas, que engloba las diferentes formas en que la ciudadanía se organiza para generar y gestionar su propia energía, ya sea con fines sociales, económicos y/o ambientales.
En este contexto las organizaciones integrantes del Grupo de Acción por la Energía Ciudadana, Gapec, lanzaron el pasado lunes 26 de agosto el documento: “Energía Ciudadana en Chile: Propuestas para su fomento e implementación” en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional. En la ocasión estuvieron presentes representantes de diversas organizaciones socioambientales, del Ministerio de Energía, del Gobierno Regional Metropolitano y de la sociedad civil, dando paso a un importante debate que pone en primer plano a la ciudadanía como agente de generación de energía.
El documento entrega directrices a corto, mediano y largo plazo para establecer un marco legal que incentive, beneficie y regule la generación de energía ciudadana en Chile, proponiendo como clave, establecer una normativa específica sobre Comunidades Energéticas. Según las organizaciones, el Estado debiese cumplir un rol para garantizar el cumplimiento de esta norma y que resguarde los derechos; algo que Chile aún no ha podido implementar.
En el lanzamiento Cristian Mires, Presidente de la ONG Energía Colectiva, dio el inicio junto a Gitte Cullmann, directora oficina Santiago Fundación Heinrich Böll, y Sara Larraín, directora de la Fundación Chile Sustentable; para luego abrir el debate sobre la experiencia internacional en el tema, la que demuestra que a partir de los cambios en sus normativas es que realmente se logra fomentar nuevas fuentes de energía, más limpias y democráticas. Camila Japp, directora de DGRV Brasil, abordó la propuesta de eliminar la obligatoriedad de acreditar la propiedad conjunta de los sistemas comunitarios, a partir de los aprendizajes de la experiencia brasileña. Luego, Alfonso García, presidente Unión Renovables de España, compartió su conocimiento y experiencia sobre la normativa de comunidades energéticas, a partir de la actual normativa de España.
Luego, Javier Piedra, asesor parlamentario y director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, junto a José Opazo, académico y vicepresidente de Acesol, analizaron la incorporación de las propuestas en el debate de las medidas para disminuir el precio de la tarifa eléctrica y su importancia en el actual proceso de Transición Energética que Chile está viviendo. Para Gapec, dicho proceso requiere de políticas y propuestas concretas y la autogeneración representa una gran oportunidad, considerando que las alzas tarifarias igualmente tendrán un efecto en la tarifa de inyección, lo que permitiría que esta nueva forma de generación sea más atractiva.
En cuanto a la situación nacional, Pamela Poo, directora de políticas públicas e incidencia de la Fundación Eco Sur, moderó el panel con Cecilia Dastres, jefa de la División de Participación y Diálogo Social del Ministerio de Energía y Mauricio Fabry, Coordinador de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; donde invitó a participar de mesas de trabajo y diálogo donde las organizaciones de Gapec puedan exponer los beneficios de implementar la energía ciudadana en la legislación nacional.
Finalmente, el lanzamiento deja en claro que Chile no se puede mantener al margen de los avances legislativos en esta materia, ya que va en desmedro de la ciudadanía y su rol dentro de una Transición Energética democrática y descentralizada. Según el documento, una nueva normativa para las Comunidades Energéticas debiese incluir mecanismos de financiamiento, acceso a créditos y tarifas diferenciadas, así como también medidas para su difusión, educación y apoyo a las comunidades para la operación y mantenimiento de los sistemas de generación. También se sostiene que este tipo de asociaciones deben ceñirse por principios y definiciones claras que les permitan insertarse en contextos rurales y urbanos, reconociendo sus particularidades y usos energéticos, implementando también mecanismos que eviten la concentración de poder y aseguren una participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones.
El documento fue redactado por: Carla Douglas y Daniela Zamora (ONG Energía Colectiva), Coordinación general por: Fundación Heinrich Boll. Desarrollo de propuestas y medidas por: ONG Energía Colectiva, Fundación Chile Sustentable, Red de Pobreza Energética y Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
