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China e Irán, los países donde más ejecuciones se producen
El año 2023 registró la cifra más alta -1153- de personas ejecutadas por pena de muerte de los últimos ocho, lo que supone un aumento del 31% respecto a 2022. Así lo expone Amnistía Internacional en su informe anual sobre la pena capital. Publicado hoy, sus datos revelan, no obstante, un lado positivo: cada vez hay menos países que la aplican, factor que confirma la tendencia regresiva de los últimos años. Los cinco que más la emplearon fueron China, Irán, Arabia Saudí, Somalia -donde las ejecuciones se multiplicaron por seis- y Estados Unidos.
Además, en el informe el organismo explica que la cifra real es, probablemente, mucho más elevada, puesto que varios países donde todavía se utiliza la pena de muerte como método de castigo no publican información sobre el uso que hacen de ella. China, que es el que más personas ejecuta, no hace pública ninguna cifra. Es un asunto clasificado como secreto de Estado. Lo mismo ocurre en Vietnam, Corea del Norte o Bielorrusia, donde obtener información es sumamente complicado.
Irán, responsable del 74% de todas las ejecuciones
El aumento de los números globales es, principalmente, atribuible a Irán, que ha incrementado las penas de muerte aplicadas por delitos de drogas, que representan más del 56% (481 personas) de todas las conocidas en el país. Además, de las ejecuciones registradas allí, al menos 545 fueron llevadas a cabo de forma ilegítima por actos que no deberían conllevar la pena capital según el derecho internacional, como los delitos ya mencionados de drogas, u otros como el robo o el espionaje.
Según Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, las autoridades de la teocracia iraní mostraron en 2023 «un total desprecio por la vida humana». Por sí sola, Irán fue responsable del 74% de todas las ejecuciones registradas a nivel global, y Arabia Saudí, del 15%. “Pese a los retrocesos que hemos visto este año, sobre todo en Oriente Medio, los países que siguen llevando a cabo ejecuciones están cada vez más aislados” afirma la secretaria en el comunicado difundido por la entidad.
«Joe Biden tiene que cumplir su promesa»
En Estados Unidos, que desde hace años es la única democracia liberal del mundo donde la pena de muerte sigue vigente, se produjeron 24 ejecuciones, seis más que en 2022, aunque es una cifra baja si se compara con la serie histórica. La pena capital se utiliza todavía en 27 de los 50 estados, y en algunos de ellos se produjeron eventos preocupantes. En Idaho y Tennessee se presentaron leyes para que las ejecuciones fueran realizadas por fusilamiento. La asamblea del estado de Montana estudió la ampliación de las sustancias que se emplean en la inyección letal. En Carolina del Sur, se promulgó una ley en virtud de la cual se oculta la identidad de las personas y entidades que participan en la preparación de una ejecución, o la llevan a cabo.
“Un número selecto de estados mostró una escalofriante adhesión a la pena de muerte, así como su despiadada intención de invertir recursos en arrebatar vidas humanas. También se empezaron a llevar a cabo ejecuciones mediante el cruel nuevo método de la asfixia por nitrógeno, y Alabama usó ignominiosamente este método no probado para matar a Kenneth Smith apenas 14 meses después de haberlo sometido a un intento de ejecución fallido”, explica Callamard. “El presidente Biden debe dejar de aplazar el cumplimiento de su promesa de abolir la pena de muerte federal.”
No tiene un efecto disuasorio
«No hay una relación directa en ningún caso entre tener la pena de muerte con la disminución de los delitos, con cualquier tipo de delito» explican a El Independiente los responsables de Amnistía Internacional en España. Algunos de sus defensores argumentan que esta es necesaria «para dar ejemplo», y consideran que su presencia en los códigos penales reduce el número de delitos. Sin embargo, los hechos desmienten sus postulados: «Más allá de la evidente inmoralidad que supone matar a un ser humano, tampoco sirve para nada porque el tráfico de droga, por ejemplo, no se reduce».
El balance de los datos de 2023 invita a ser optimistas en algunos aspectos, como destacan desde la entidad: «Hacemos una valoración relativamente positiva en el sentido de que han disminuido de 20 a 16 los países ejecutores, y también ha habido avances significativos en Asia y en el África Subsahariana. En ese sentido, sí que lo resaltamos. Los países ejecutores cada vez están más aislados». En Pakistán y Malasia se suprimieron la pena de muerte por delitos de drogas, así como la pena de muerte preceptiva. En el África subsahariana, los órganos legislativos de cuatro países Ghana, Kenia, Liberia y Zimbabue tomaron medidas positivas hacia la abolición.
