El pasado sábado 7 de septiembre se celebró en Santiago el Encuentro por la Defensa del Agua, donde más de 50 participantes de diversas regiones del país discutieron el acceso al agua como un derecho humano fundamental.
El evento, realizado en la sede del Partido Socialista y organizado por la Comisión de Medio Ambiente del PS junto al Instituto Igualdad y la Fundación Friedrich Ebert, fue una plataforma para visibilizar la urgencia de políticas que enfrenten la desigualdad en el acceso al agua y los retos climáticos del futuro.
Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, fue una de las ponentes principales y destacó que, a pesar de los avances legales con la reforma al Código de Aguas de 2022, la falta de implementación por parte del gobierno de Boric ha sido decepcionante. «El agua es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, pero no se han establecido reservas ni para uso humano ni para protección de ecosistemas, priorizándose en cambio los usos productivos», afirmó Larraín.
La reforma al Código de Aguas, aprobada en 2022, supuso un avance significativo al reconocer el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano inalienable. Además, se incluyeron disposiciones que priorizan el uso del agua para subsistencia y saneamiento por sobre los usos productivos, y se reforzaron las medidas para proteger ecosistemas hídricos. Sin embargo, Larraín y otros expertos advirtieron que aún queda mucho por hacer para garantizar su correcta implementación y que estos derechos se materialicen en la práctica.
A pesar de los avances legales, Larraín criticó la falta de acción del gobierno en áreas clave. Entre los puntos mencionados, destacó la eliminación de la Unidad de Glaciología y Nieves de la DGA, la suspensión del monitoreo de glaciares, y la ausencia de gobernanza democrática a través de Consejos de Cuenca y Mesas del Agua. Además, advirtió que no se ha avanzado en la creación de reservas hídricas ni en los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos que permitan un manejo sustentable del agua.
El encuentro concluyó con un llamado a fortalecer las políticas públicas para garantizar el acceso equitativo al agua y reconocerla como un derecho fundamental para las personas y la naturaleza.
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