La Fiscalía de Tarapacá, en colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI), desarticuló una célula del Tren de Aragua dedicada al tráfico ilícito de migrantes, en una operación que también reveló la implicación de una empresa chilena de transporte terrestre.
El prefecto Marcelo Atala, jefe subrogante de la PDI, señaló que esta estructura criminal estaba estrechamente ligada a una empresa nacional que operaba bajo el amparo de sus actividades habituales. “Hemos desarticulado una vez más una estructura importante del Tren de Aragua que está ligada a una empresa chilena que tiene que ver con el transporte, que desvió su característica habitual de transportar personas a transportar migrantes de manera ilícita”, indicó Atala.
De acuerdo con las investigaciones, la organización captaba a personas en el extranjero, las ingresaba de forma irregular a Chile y las alojaba en residencias temporales. Posteriormente, las trasladaba a la Región Metropolitana, destino final del tráfico. Atala agregó: “Captaban a las personas en el extranjero, luego las internaban a territorio nacional, para posteriormente ubicarlas en establecimientos residenciales, para luego trasladarlas a la Región Metropolitana, que era el objetivo principal, que era por lo que las personas pagaban. Eso incluía alimentación e incluso les pasaban monedas nacionales. Todo era un aparato que venía funcionando desde hace tiempo”.
El prefecto también destacó la naturaleza violenta de esta organización. “La característica de esta estructura criminal del Tren de Aragua ha sido la violencia, y esto está ligado a secuestros extorsivos”, señaló.
Por su parte, la fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, detalló que la investigación se inició en 2022 tras el secuestro de dos personas. “Se comenzó por el secuestro de dos personas y se logró determinar que uno de los autores es una persona apodada ‘Jefri’. Se pidió la orden de detención y la Policía de Investigaciones comenzó a investigar esta estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes”, explicó.
La operación resultó en la detención de nueve personas, siete de ellas de nacionalidad venezolana y dos chilenas, quienes estaban directamente vinculadas a la empresa Covalle, cuyo rol fue clave en el traslado de migrantes. Según Steinert: “Lo importante es que logramos determinar que la empresa Covalle se encontraba relacionada y participante de este ilícito a través de sus autobuses, tres de estos incautados. Tenemos un representante legal y un colaborador detenidos por asociación ilícita y tráfico ilícito de migrantes reiterados”.
La fiscal también subrayó los riesgos que enfrentaron las víctimas: “Los asesores buscaban la forma de trasladarlas por pasos no habilitados, poniendo en riesgo a todas las víctimas, muchas veces con niños. Finalmente ingresaban a Chile y los asesores realizaban todas las gestiones necesarias para que con distintos buses llegaran a Iquique y Alto Hospicio, los trasladaban a residenciales, y luego los jaladores llevaban a estas personas hasta la terminal de autobuses y luego a Santiago u otras regiones”.
La investigación continúa para determinar si hay más implicados en esta red criminal.